El Gobierno pondrá en manos de la justicia la “aparición sorpresiva” en un medio de comunicación local de una lista de “posibles adjudicatarios” de la promoción pública de 317 viviendas de Loma Colmenar. El anuncio lo ha hecho la consejera del Gobierno y presidenta en funciones del Consejo de Administración de Emvicesa, Susana Román, responsable del área durante la legislatura pasada, cuando se ejecutó esa obra y la promoción fue entregada a la Ciudad.
“Esa lista no es oficial”, ha comenzado Román su exposición para ahondar en que no ha estado sometida a procedimiento legal alguno ni de la Empresa Municipal de la Vivienda ni de la Comisión Local de Vivienda –este grupo lo integran Gobierno y grupos de la oposición- ni del Consejo de Administración de Emvicesa. “No quiere decir”, ha continuado, “que personas que aparezcan ahí puedan ser adjudicatarias o no serlo.”
Román ha explicado que, además de la aparición del listado, hay personas que han recibido llamadas para que fueran a Emvicesa a recoger las llaves de esas vivienda, hechos que han motivado que, como medida cautelar, el Gobierno haya ordenado el cierre al público de esas oficinas, que también mañana, viernes, permanecerán así. Llegados a este punto, ha insistido en que no hay procedimiento “formal, reglado y ordenado” que dé oficialidad a esa lista.
Román ha recordado que la Comisión Local de Vivienda fijó en su última reunión, a finales de enero, los cupos de acuerdo a lo que marca la Ordenanza que regula la adjudicación de viviendas de promoción pública. También ha rememorado que Gobierno y grupos de la oposición, ante la proximidad de los comicios, decidieron dejar para la nueva legislatura la resolución del asunto. El objetivo era evitar que hubiera un revestimiento de aspecto electoralista. Por eso, la propia Román dio instrucciones al entonces viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación, Antonio López, de no avanzar en el tema.
Sin embargo, el lunes, Román supo por una “fuente directa” que había habido llamadas a supuestos adjudicatarios para recoger las llaves –la fuente era una persona que había recibido una de esas llamadas-. A la pregunta de Román de quién había dado la instrucción de llamar, un trabajador de Emvicesa apuntó al exviceconsejero. La reacción de aquella fue ordenar a los trabajadores que no efectuaran “movimiento alguno en ese sentido”.
“Quién lo ha hecho es lo que nos gustaría saber”, ha dicho la consejera, y esa es la razón por la que esta misma tarde se ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos de la Ciudad para, como muy tarde el lunes, interponer la denuncia correspondiente. Antes, hay que recopilar documentación. “Cuando esté compactada la denuncia, se presentará para que los jueces digan si hay algún tipo de ilícito administrativo, penal o de la índole que consideren”, ha completado antes de advertir “una deslealtad por parte de quien proceda”, puesto que, como ha reiterado, las instrucciones eran no avanzar en la resolución y adjudicación de esos 317 pisos de Loma Colmenar. “Los jueces, la policía… depurarán quién ha hecho la lista, la ha filtrado y ha contravenido unas órdenes políticas claras y administrativas claras de parar el balón y esperar a la incorporación del nuevo equipo para que decidiera con la oposición todas estas cuestiones”, ha rematado la consejera del Ejecutivo y presidenta en funciones del Consejo de Administración de Emvicesa.
Susana Román ha avanzado que el lunes habrá una reunión de la Junta de Portavoces, prevista inicialmente para hablar de políticas activas de empleo, y que se aprovechará esa cita para abordar, también, lo ocurrido en torno a la promoción pública de 317 viviendas en Loma Colmenar.
