El consejero de Fomento, Néstor García León, ha confirmado hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la firma de decretos de paralización y derribo de obras ilegales se ha multiplicado en los últimos meses, como consecuencia de la decisión que tomó el Gobierno al comienzo de la legislatura de incluir como prioridad la lucha contra la construcción ilegal.
De todas maneras, el responsable del área quiso destacar que se trata, de todas maneras, de expedientes muy complejos y que la legislación española es “garantista y se deben respetar los plazos que marca la ley”. Y es que sobre este particular aludió a que sobre los plazos no existe una media, porque depende del propio carácter del expediente que se abre, en función de si se presentan o no alegaciones, si se puede o no identificar al promotor o que sea necesario la realización de informes técnicos.
Por otro lado, el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, especificó que el Gobierno decidió la iniciación de este proceso de “no levantar el pie del acelerador” y por tanto, es muy probable que dentro de nueve meses o un año se comiencen a ver ya los resultados.
El Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta del consejero de Fomento, los derribos de una vivienda ilegal y de una construcción ilegal.
