El Gobierno ha anunciado, a través del consejero de Fomento, Néstor García, en el transcurso de la sesión plenaria de control al ejecutivo, que se está estudiando la reforma de las ordenanzas de disciplina urbanística para mejorar la efectividad en la prioridad establecida de luchar contra las obras ilegales.
En respuesta a una interpelación presentada por el PSOE, el consejero indicó que esas reformas tendrían tres apartados concretos: reducir los plazos en los apartados que se pueda legalmente para que no se eternicen los expedientes, incrementar otros plazos para que una posible respuesta por parte de la Administración fuera de los mismos no lleve a la caducidad del expediente e incrementar las sanciones para quienes sean los promotores de esas obras ilegales.
En su respuesta, Néstor García defendió que desde su llegada a la Consejería se han abierto más de 60 expedientes de obras ilegales con lo que se pretende “tapar la hemorragia”, aunque como ya reconoció el otro día, durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, no queda más remedio que cumplir los plazos establecidos por la ley. Asimismo, destacó que en su área hay abiertos más de 300 expedientes, que son de pasadas legislaturas, que continúan siendo llevados por los mismos funcionarios que los atendían, pero a los que se les ha aligerado la carga de trabajo para que se dediquen en exclusividad a ellos. De todas maneras, quiso destacar que el personal del que se dispone es limitado y que agradece el esfuerzo de todos los funcionaros, quienes están implicados en la prioridad establecida de luchar contra las obras ilegales.
Aparte comentó que existe una coordinación con otras áreas, como es el caso de la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo, y en concreto con la Policía Local y el Parque Móvil, además de con Obimace, empresa municipal adscrita a Fomento que “está funcionando bastante bien”.
