La Consejería de Fomento ha llevado al Consejo de Gobierno dos expedientes relacionados con la disciplina urbanística, ámbito en el que el Ejecutivo está poniendo especial celo para hacer cumplir la normativa.
Los dos expedientes son relativos a sendas propuestas de demolición de obras sin licencia, ambas acometidas en el barrio del Príncipe Alfonso.
En ambos casos, se ha dado al propietario de la edificación construida al margen de la ley un plazo de 20 días para su demolición y, en caso de que no la ejecuten, la Ciudad actuará, con carácter subsidiario, por 70.000 euros en uno de los casos y 50.000 euros en el otro.
