La Ciudad llevará a cabo una ejecución subsidiaria de una construcción ilegal detectada en Poblado Sanidad si el propietario no acomete la demolición voluntaria en el plazo de siete días que se le ha dado desde la Administración. Es el último ejemplo del trabajo realizado desde el Área de Disciplina Urbanística de la Consejería de Fomento, que solo en 2016 inició más de 90 expedientes para la paralización de obras ilegales y ejecutó cuatro derribos, al margen de lo avanzado para acometer otros tantos.
Y es que a las cuatro demoliciones materializadas el año pasado hay que sumar los dos contratos formalizados para el derribo de oficio de otras dos obras y los dos pendientes de licitación para lo proceder de igual modo.
En el caso del expuesto por el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, al dar cuenta de los temas tratados en la reunión del Consejo pospuesta de la semana pasada a hoy, lunes, debido a que el viernes fue fiesta, la ejecución del derribo costará a las arcas públicas 14.000 euros, dinero que, dado que se trata de una actuación subsidiaria, habrá de abonar con posterioridad el propietario.
Por lo demás, también en 2016, el Área de Disciplina Urbanística realizó otras actuaciones relacionadas con las zonas de carga y descarga (esos servicios tramitaron seis expedientes, de los que cuatro se resolvieron de manera favorable); los vados generales (5) y para personas con discapacidad (43); los permisos de ocupación de la vía pública (en total, Fomento tramitó 78 expedientes, de los que 75 finalizaron con la autorización); y las obras menores, capítulo relevante por su incidencia en la actividad de pymes del ámbito de la construcción (fueron 154 expedientes los tramitados y, de ellos, 151 terminaron con la concesión de licencia).
