El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha mantenido una reunión esta tarde con Elvira Rodríguez, la presidenta del grupo empresarial público TRAGSA, un medio instrumental propio –la Ciudad Autónoma forma parte de su accionariado- al que el Gobierno de Ceuta confiará sobre un tercio de las inversiones en obra pública programadas hasta el final de la legislatura.
Serán unos 45 millones de euros de los en torno a 122 millones que suma el conjunto de actuaciones previstas y, a expensas de definir el programa de trabajo, toda vez que el acuerdo marco está aprobado y lo mucho avanzado en la redacción de proyectos y análisis de obras, las ejecuciones podrán empezar antes de terminar el año, si bien el grueso será acometido en 2018.
Al encomendar ese conjunto de obras a TRAGSA, que tiene sembrado de materializaciones el territorio nacional, desde la llevada a cabo en la Plaza de España de Sevilla hasta las acometidas en las sedes del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, el Gobierno de Ceuta logra anticipar la generación de empleo –los cálculos de los técnicos apuntan a unos 400 puestos de trabajo- y el cumplimiento de cuatro objetivos relevantes para el conjunto de la sociedad ceutí.
Objetivos a cumplir
El primero de ello está relacionado con la mejora que conllevará para la red de equipamientos y servicios, que cabe ejemplificar con la prevista construcción del nuevo polideportivo Díaz-Flor y la obra del centro educativo José Acosta.
En segundo lugar, el Ejecutivo que preside Juan Vivas, de la mano de TRAGSA, impulsará de manera decisiva el Plan de Barriadas –a la campaña de renovación y mejora del aglomerado asfáltico y las remodelaciones de los barrios Estación de Ferrocarril y Junta Obras del Puerto, el Gobierno sumará las actuaciones programadas en Claudio Vázquez, el Polígono Virgen de África, Juan XXIII, Juan Carlos I, la Pasarela de Miramar, avenida de Otero y Arroyo Paneque-.
No menos importante es el tercero de los objetivos que la Ciudad Autónoma alcanzará antes en el tiempo al contar con TRAGSA para la ejecución de proyectos: se trata, en este caso, de las obras con una incidencia específica en el ámbito del desarrollo comercial y turístico, capítulo que componen los proyectos de la avenida Sánchez-Prado, la Plaza Nicaragua, Serano Orive, San Antonio y el Paseo del Revellín, que verá renovadas las losetas marmóreas por otras antideslizantes.
El cuarto y último objetivo es la mejora del litoral, donde se encuadran las actuaciones recientemente convenidas con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (el encauzamiento de arroyos en Benítez y el aporte de arena en la bahía sur), la mejora de la accesibilidad de la Playa del Chorrillo con la instalación de un ascensor, la explanada de Juan XXIII y el adecentamiento de Miramar.
Un plan de choque exigente
En definitiva, mediante la figura de la encomienda a TRAGSA, recurso complementario a la contratación de la mayor parte de las obras previstas mediante la correspondiente licitación, el Gobierno que preside Juan Vivas implementará un plan de choque que, en términos de empleo, supondrá la generación de 400 puestos para su periodo de ejecución, una de las implicaciones positivas anticipadas, pero no la única, que tendrá la reactivación de la obra pública en Ceuta.
Y es que el presidente de Ceuta se ha referido al encuentro de esta tarde con Elvira Rodríguez como a la constatación de la “disposición y capacidad” de la empresa pública TRAGSA, que tiene a sus espaldas más de 40 años de experiencia, para hacer frente al volumen “exigente” de obras que la Ciudad Autónoma le encomendará porque, disponiendo del proyecto técnico pertinente y la financiación, podrá atender con urgencia la necesaria reactivación de la obra pública por su incidencia en el empleo, los equipamientos y los servicios.
Durante la reunión de hoy en la sede de TRAGSA en Madrid, encuentro en el que también han participado los consejeros del equipo de Vivas Mabel Deu, responsable de Presidencia y Relaciones Institucionales, y Néstor García, consejero de Fomento, lo acordado ha sido seguir trabajando en los proyectos para, en cuanto estos estén definidos, aprobar un plan de obras o programa de trabajo en el que cada proyecto quedará determinado por un calendario de ejecución y presupuesto.
