La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, y la de Hacienda, Empleo y Comercio de la Ciudad de Melilla, Dunia Al-Mansouri, han remitido un escrito a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le solicitan que, para no perjudicar el comercio electrónico y, al mismo tiempo, proteger el comercio local en ambas ciudades, promueva una modificación de la Ley 8/1991, que regula el IPSI.
El propósito es posibilitar la adaptación del IPSI al comercio electrónico, por lo que se pretende que esta pueda entrar en vigor de manera simultánea a la que, en la actualidad, se está tramitando sobre la Ley del IVA, prevista para el próximo mes de julio.
Precisamente, los cambios planteados en la Ley del IVA se deben a la necesidad de incorporar al derecho interno español sendas Directivas Europeas que adaptan este impuesto a la nueva realidad del comercio electrónico y global.
Por ese motivo, las dos ciudades consideran necesario adaptar el impuesto local a esta realidad, evitando con ello que Ceuta y Melilla se conviertan en dos islas en lo que concierne al comercio electrónico. Al mismo tiempo, se pretende la puesta en valor de los procedimientos simplificados que la Ley del IVA propone.
Ambos territorios vienen sufriendo las consecuencias de una doble crisis: la originada por la COVID-19 a lo que suma la presión adicional del cierre fronterizo. Además, meses antes del inicio de la pandemia, Ceuta y Melilla se habían enfrentado además al bloqueo comercial impuesto por Marruecos. Una situación que ha originado graves perjuicios al comercio local.
Es por ello que la modificación propuesta supone una modernización del IPSI garantizando al 100% la recaudación del mismo en lo que a las importaciones se refieren. Del mismo modo, disminuirían notablemente los trámites y evitando el fraude que pudiera producirse. Asimismo, otra de las finalidades es la de facilitar a los comerciantes ceutíes y melillenses la venta de sus productos al resto de la Unión Aduanera.
Con este mismo fin, Ceuta y Melilla solicitan que el empresario local no tenga la necesidad de nombrar representante en el territorio IVA para poder vender hacia la península y al resto de la Unión Aduanera, con lo que se ahorrarán costes, así como problemas burocráticos. Igualmente, permitirá a los comerciantes competir en este sector en condiciones de igualdad dado que podrán acogerse al nuevo sistema simplificado de gestión para las exportaciones desde las ciudades autónomas hacia el territorio IVA.
