La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha dado cuenta hoy del informe de la Abogacía del Estado, relativo al nuevo plan de servicio del contrato para la limpieza viaria con el propósito de atender las mayores exigencias y necesidades derivadas de la COVID-19.
En su comparecencia, la consejera ceutí ha aclarado que el dictamen ha dado respuesta a las cuestiones planteadas y que, por tanto, debe ser tenido en cuenta a la hora de adoptar futuras decisiones.
Las conclusiones del informe reflejan que el nuevo plan de servicios supone una modificación del contrato y que, por tanto, no resultaría viable puesto que, en primer lugar, la Administración local ya agotó, en los cambios introducidos en 2015, el margen de modificación del 10% del precio de adjudicación que se establece en las cláusulas del contrato. En segundo lugar, ha detallado Chandiramani, porque la cláusula 36 no cumpliría con los “requisitos de claridad y precisión que exige la normativa aplicable”.
Por ese motivo, la integrante del Ejecutivo ha avanzado que el Gobierno de la Ciudad procederá al plan de servicios de la concesionaria, la empresa TRACE, y que las necesidades que ha originado la pandemia se seguirán atendiendo por algunas de las alternativas que plantea la Abogacía del Estado: rescindiendo en contrato e iniciando el procedimiento para licitar uno nuevo; recurrir a la adjudicación de un contrato de emergencia que abarque el refuerzo de la limpieza que obliga el coronavirus o acometer dichas tareas a través de un medio propio.
Por el momento, las tres vías ya están siendo analizadas por parte de la Administración local para alcanzar “la más adecuada para el interés público”, ha dejado claro la consejera, que ya ha informado sobre este asunto en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda y que prevé reunirse también con la adjudicataria del servicio y con el Comité de Empresa de TRACE. “Nuestro objetivo es la máxima transparencia”, ha reiterado la titular de Hacienda.
