El área de Hacienda del Gobierno que preside Juan Vivas ha llevado hoy a la sesión del Pleno ordinaria resolutiva de octubre una modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IPSI con la que procurar fortalecer los mecanismos de gestión de ese tributo para combatir con mayor éxito el fraude. La consejera de Hacienda ha defendido que se trata de apoyar el comercio de Ceuta y mejorar cuestiones que el tiempo ha probado que hay que cambiar o modernizar, asuntos que ha concretado en lo sustancial y al margen de que, durante el periodo de alegaciones, podrán introducirse otras modificaciones.
Uno de los cambios consiste en profundizar en el procedimiento a seguir en casos en que los servicios fiscales tengan dudas de la veracidad de los datos de las declaraciones previas con el propósito de dar seguridad jurídica a los trabajadores del área de Tributos gracias a una clarificación de ese procedimiento.
En segundo lugar, el Gobierno ha introducido en esta aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del IPSI una clasificación de los bienes importados más parecida al código del IVA y de la Inspección de la Unión Aduanera.
La determinación de un tipo mínimo del 0,5 %, como en el caso del IVA, para los vehículos para personas con capacidades especiales y, por otro lado, un cambio en la calificación de los productos reimportados, esto es, por ejemplo, los enviados fuera para su reparación -en el momento de retornar lo hacen como si fueran nuevos, es decir, una importación, lo que obliga a pagar de nuevo el IPSI-, son otras dos de las modificaciones aprobadas inicialmente.
En quinto lugar, la aprobación provisional incluye la posibilidad de presentar la autoliquidación por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
Aliviar las cuentas de las empresas
Por otra parte, Kissy Chandiramani ha avanzado que en el futuro el Gobierno prevé otras modificaciones, como son una reforma tarifaria o revisión a la baja del impuesto que se traduzca en un "alivio" para las cuentas de las empresas y autónomos, siempre cuidando de que no beneficie el comercio de los conocidos como productos tóxicos, así como el establecimiento de una mayor moratoria -ahora es de 90 días- que, ante los elevados estocajes, facilite la situación a las empresas "hasta que la situación de la frontera mejore" o logren deshacerse de ese stock.
Además, la titular de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo ha adelantado que el Ejecutivo de Juan Vivas promoverá un reunión con la Agencia Tributaria, Territorio Franco, el Departamento de Consumo de la Ciudad Autónoma y el Organismo Autónomo Servicios Tributarios para abordar cómo intensificar las inspecciones fiscales contra las infravaloraciones. El Gobierno pretende adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar los actuales sistemas de control e inspección. Por ejemplo, Chandiramani ha detallado que es intención del Ejecutivo que haya que demostrar que la mercancía que arriba a Ceuta va a un almacén en regla, es decir, con toda su documentación en vigor y correcta, y que, de no ser así, sea devuelta a la península. Para esto, Hacienda promoverá una primera reunión la próxima semana en la que espera convenir de manera formal con los implicados estas ideas.
“Se trata de echar una mano a los empresarios, por eso ponemos medidas sobre la mesa aconsejados por los sectores empresarial, sindical y político, por personas que conocen el sector...”, ha comentado la titular de Hacienda. “Para eso ha habido reuniones en la Delegación del Gobierno y en la Ciudad Autónoma”, ha añadido para negar los “palos de ciego” que ha atribuido la oposición al Gobierno. “Ni palos de ciego ni desilusión sino empeño, porque en esto se nos va la vida a los ceutíes”, ha concluido la consejera Chandiramani.
La modificación de la ordenanza ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Popular, el del Gobierno; la abstención de los grupos Caballas y C’s y la oposición de los grupos Socialista y de MDyC.
