La Ciudad pedirá al Gobierno de España modificar el Código Civil para que los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla que quieran la nacionalidad española tengan que acreditar diez años seguidos de residencia legal en el país como mínimo en vez de solo uno y para que no puedan ser considerados españoles de origen los hijos de extranjeros nacidos en ambas ciudades si uno de los padres también ha nacido aquí.
El Pleno de la Asamblea ha aprobado esta iniciativa legislativa a propuesta del Gobierno con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo del resto (PSOE, Caballas, MDyC y C’s). Se trata de una de las iniciativas legislativas que el Consejo de Gobierno acordó y presentó el pasado 8 de febrero.
A la presión migratoria de ambas ciudades, que es 25 veces superior a la media nacional en el caso de Ceuta y 50 en el de Melilla, se suma la realidad de que más del 30 % de los partos que acontecen en Ceuta y más del 60 % de los de Melilla son de mujeres de Marruecos que vienen a parir atraídas por la Sanidad española, lo cual es para las ciudades autónomas una diferencia “patente” en lo cuantitativo y lo cualitativo respecto de los alumbramientos de extranjeras en el resto del país. Por eso requieren un tratamiento normativo distinto.
Por eso y porque no existe vínculo alguno entre esas mujeres y Ceuta y Melilla, lo que contraviene el espíritu del Código Civil, que sí contempla excepciones, por ejemplo, con los hijos de diplomáticos precisamente por la carencia de vínculos reales con España, Ceuta y Melilla, que en esta solicitud de modificación del Código Civil van también de la mano, exponen que este movimiento de mujeres marroquíes parece responder en buena parte a la intervención de organizaciones que les ofrecen la posibilidad de tener a sus criaturas a este lado de la frontera.
De hecho, en Melilla, han venido detectando desde 2014 pisos donde permanecen esperando para dar a luz –aquel año se estableció un control de entrada de ambulancias en la frontera para evaluar si el caso requiere de una actuación sanitaria apremiante, caso en que el se facilita el traslado al hospital con base en razones humanitarias. “Cada uno defiende sus circunstancias particulares”, ha defendido el consejero del Gobierno de Ceuta Emilio Carreira ante el Pleno de la Asamblea. “Queremos hacer oír la voz de Ceuta, que se reflejen en el derecho positivo las singularidades que aquí concurren”, ha terminado el debate.
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