El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 14.439.168 euros. Se trata de una modificación que servirá para reforzar la política social y la lucha contra el paro, además de para atender necesidades de inversión en materia de vivienda y equipamientos, como el portavoz y consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos avanzó en la rueda de prensa del viernes pasado. Guillermo Martínez ha explicado que, al final, no serán 15 millones sino 14,4 los afectados por esta modificación porque el Gobierno ha realizado un nuevo ajuste en el cálculo de los ingresos "por prudencia".

Los diputados de la Asamblea han aprobado hoy las cuentas de 2012 de siete sociedades municipales. Acemsa, Procesa, Servicios Turísticos, Radio Televisión Ceuta, Obimasa y Amgevicesa cerraron el ejercicio pasado con beneficios y Emvicesa fue la única que lo hizo en número rojos, según los datos expuestos durante la celebración de las Juntas Generales de Accionistas de estas empresas públicas, que integran los 25 diputados de la Asamblea. En términos globales, las cuentas de las siete sociedades arrojan un saldo positivo de 3,15 millones de euros.

El Gobierno reforzará su política social, de empleo y medio ambiente a través de la modificación de los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2013, cuyo trámite se espera iniciar la próxima semana con la aprobación del expediente por parte del Consejo de Gobierno, según los datos que ha aportado el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez.

La Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos ha puesto en funcionamiento una nueva herramienta con la que pretende mejorar y agilizar la comunicación con los trabajadores de la Ciudad Autónoma. Se trata del denominado Portal del Empleado, una aplicación web que facilita las relaciones de los trabajadores de la Administración local y la Dirección General de Recursos Humanos.

Cuatro entidades bancarias han concurrido al proceso de selección pública realizado por la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos para suscribir una póliza de crédito de 15 millones de euros con la que la Ciudad podrá disponer de la parte aún no recibida del dinero correspondiente a la desviación de los ingresos por IPSI el presente ejercicio, tal y como aprobó el Pleno de la Asamblea el pasado 29 de abril.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de gestión y explotación del bingo electrónico, con el que el Ejecutivo persigue abrir nuevas oportunidades para las empresas del sector y rebajar la presión fiscal.

La Ciudad Autónoma ha recaudado en los cuatro primeros meses de 2013 el 40% de lo previsto para todo el año por importaciones y operaciones interiores, lo que supone la demostración de que las estimaciones realizadas por el Gobierno son "realistas", como hoy ha manifestado el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, tras presentar los datos.

La Ciudad, mediante Procesa y en colaboración con la Agencia Tributaria, ha organizado unas Jornadas Tributarias de marcado carácter técnico que reunirán en Ceuta a los responsables en la materia del Estado y a los delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para Andalucía, Ceuta y Melilla. Se desarrollarán los días 16 y 17 de mayo y contarán con la participación del director general de Tributos, Diego Martín.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes cuatro expedientes de contratación de gastos plurianuales en los ámbitos de Menores, Festejos, Sanidad y Recursos Humanos que suman un importe de 1,48 millones de euros. Tras el visto bueno a los expedientes, los contratos saldrán a licitación y serán las ofertas que se presentes las empresas las que marquen el precio final que estos servicios y suministros supondrán para la Ciudad Autónoma.

El servicio del Registro General será la única dependencia de atención al ciudadano de la Ciudad Autónoma que abra mañana sus puertas, de acuerdo con la celebración del denominado Día del Funcionario, considerado como una fecha no laborable en el convenio colectivo y el acuerdo regulador por los que se rigen los trabajadores de esta Administración.

El Pleno de la Asamblea ha acordado la creación de una unidad específica para un mejor seguimiento y control de los contratos adjudicados por la Ciudad y ha asumido, como principio general, que la duración de los contratos de la Administración local no supere los 10 años.

El Pleno de la Asamblea ha aprobado por unanimidad eximir del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la reforma del centro de salud del Tarajal al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). La propuesta, a la que el Consejo de Gobierno dio su visto bueno el pasado 19 de abril, la ha llevado a la sesión plenaria ordinaria de abril el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos.

El Pleno de la Asamblea ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, la concertación de un crédito a corto plazo por importe de 15 millones de euros como anticipo a parte de la compensación que transfiere el Estado a la Ciudad por la desviación de la recaudación por IPSI.

La Ciudad Autónoma de Ceuta aún no ha devuelto a Urbaser la fianza correspondiente al contrato de limpieza pública viaria que unía a ambas partes ni ha abonado a esta empresa los últimos trabajos que ha realizado, en concreto cuatro certificaciones y la mitad de otra. Todo ello suma una cantidad superior a los 8 millones de euros, que aún no ha cobrado la empresa debido a que el contrato no se ha liquidado, tal y como demuestran los datos expuestos por el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.

El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, ha dado cuenta a la oposición, primero, y a los periodistas, a continuación, del punto en que se encuentra el proceso de liquidación del anterior contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos, del que era adjudicataria la empresa Urbaser. Este procedimiento administrativo aún está abierto y los informes aportados al expediente desde Tesorería, Intervención y los servicios Jurídicos acreditan que se ha pagado exclusivamente lo que estaba previsto pagar según el contrato; y que, por tanto, la Administración ha cumplido su principal obligación en un contrato administrativo, que no es otra que pagar lo establecido, si bien eso no significa que al pagar esté convalidando la prestación del servicio pagado. De hecho, si durante el procedimiento se confirma que alguna certificación no está debidamente justificada, como señala otro de los informes aportados, la Ciudad hará la correspondiente reclamación.

La Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos someterá a la consideración del Pleno de la Asamblea la suscripción de una póliza de crédito de 15 millones de euros en concepto de adelanto a parte de la compensación que el Estado transferirá a la Ciudad por la caída de la recaudación por IPSI. La cuantía de la póliza es menor que en otras ocasiones y, por lo tanto, también son menores los intereses a pagar gracias a que el Estado anticipó la mitad de la compensación antes de terminar el primer trimestre del año.

El Gobierno elevará al Pleno durante la sesión ordinaria de abril una propuesta de bonificación a favor del Ingesa en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por los trabajos de reforma y ampliación del Centro de Salud del Tarajal.

El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos ha anunciado una convocatoria extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas la semana que viene para informar a los grupos de la oposición acerca del procedimiento para la liquidación del contrato de la anterior adjudicataria del servicio de limpieza viaria. Además, el Consejo de Gobierno ha decidido incoar un procedimiento administrativo en el que se una todo el procedimiento de liquidación de ese contrato, es decir, las reclamaciones que por importe de 15 millones de euros hace Urbaser, y una cuestión pendiente, relativa a la amortización de la maquinaria, de conformidad con un informe técnico según el cual las cantidades abonadas en las certificaciones son superiores al importe de la amortización de los vehículos.